| El juez federal Marcelo Martinez de Giorgi citó al diputado Diego Santilli para el 14 de marzo como testigo para que explique sobre posibles reuniones que pudo haber mantenido con los imputados en la causa de espionaje ilegal. También pidió que se reciba declaración testimonial a Mariano Macri el día 21 de marzo. Las audiencias serán presenciales.
Además libro oficio al titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) a fin de requerirle que informe, “con carácter de muy urgente” si oportunamente se estableció con la Agencia Federal de Inteligencia un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente, correspondientes a las causas en que la Agencia se encontraba autorizada al retiro del material, a través de un enlace dedicado o mecanismo similar, complementario del sistema de discos ópticos (CD). Se trata de la denuncia que efectuó la interventora de la AFI Cristina Caamaño días atrás. La funcionaria fue citada para el 22 de marzo.
Mauricio Macri y Fabián Pepín Rodríguez Simón
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También pidió a la Agencia Federal de Inteligencia que informe si se generaron actuaciones preliminares y sumarios administrativos en torno a una supuesta reunión que habrían mantenido los exespías, Alan Ruiz y quien estaba al frente de Asuntos jurídicos del orgaismo Juan Sebastián De Stefano con el Juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, en relación a una causa vinculada con el Sindicalista Hugo Moyano y su familia.
También ordenó oficio al Servicio Penitenciario Bonaerense a fin de solicitarle que con “carácter de muy urgente se informen circunstanciadamente los motivos que rodearon la instalación de cámaras y micrófonos en el pabellón 6 de la Alcaidía Departamental N° 3 de La Plata “Melchor Romero”, entre los días 8 y 24 de agosto de 2018”.
Requirió al Servicio Penitenciario Federal, al Servicio Penitenciario Bonaerense, a la Policía de la provincia de Buenos Aires y a las fuerzas de seguridad federales (GNA, PFA, PSA y PNA) informen los convenios que hubieren celebrado con la Secretaría de Inteligencia del Estado y su sucesora, la Agencia Federal de Inteligencia, entre los años 2010 y 2019, debiendo especificar su objeto y si era usual la suscripción de tales acuerdos.
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